Justicia y Ley: Caminos paralelos que nunca coinciden

Derechos Humanos

16 de Noviembre del 2014

La cárcel es aquel edificio destinado a la custodia y reclusión de presos, que dice el diccionario. Como toda construcción humana, su utilidad se ve reflejada en su estructura, y su estructura responde a la ideología que la concibe.

No es lo mismo una cárcel ideada por una sociedad que busca la reinserción de sus presos que por otra que persigue castigar y vengar el delito cometido. En la primera, se tendrán en cuenta las necesidades propias de todo ser humano, habrá espacios que faciliten el desarrollo personal del reo y se acondicionarán lugares para la realización de actividades conducentes a la reinserción social. En la segunda, nada importará salvo la seguridad y poco más; la comodidad y el respeto del individuo apenas tendrán algún valor, salvo el estrictamente necesario para no romper las convenciones internacionales sobre derechos humanos.


España es uno de esos países en que la ley promueve la reinserción. Sin embargo, la realidad es ajena a la abstracción legal y sus buenos propósitos. Según dicen los que saben de esto (Apromar), “la cárcel no evita la reincidencia, la aumenta”.


Perfil del preso


El 80% de los reclusos en España está relacionado con robos y tráfico de drogas. De todos ellos, el 70% tiene problemas de adicción. Ambos datos describen una población marginal, sin acceso al sistema educativo y con una mínima formación cultural, todo lo cual complica sobremanera las intenciones reintegradoras que, mediante bibliotecas y talleres, prescribe la ley.


Dos de cada tres presos es reincidente. El 13% comenzó su carrera carcelaria en centros de menores. Con un poco más de edad, ocho de cada diez veinteañeros que entran en prisión repetirán la experiencia cuatro veces a lo largo de su vida, como mínimo.


El sistema falla desde su base: no hay espacio. Al igual que ocurre en buena parte de Europa, las cárceles españolas están saturadas. En Ceuta, el hacinamiento alcanza más del 358% de la capacidad óptima; Martutene (Guipúzcoa) el 340%; Canarias y Andalucía superan el 190%; Aragón, Extremadura, Galicia y Madrid están en más del 160%.


Los presos viven hacinados, y cualquier medida para la reinserción es imposible en un contexto semejante. A ello se añade la deficiente formación del personal penitenciario y/o su desánimo ante unas circunstancias abrumadoras. 


Privatización y mano de obra barata


Una de las soluciones con las que se busca solventar la escasez de recursos ha sido la privatización del sector. Actualmente, servicios como el mantenimiento de las instalaciones, el catering o la lavandería están en manos de empresas privadas; incluso se recurre a seguridad privada para apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Pero las relaciones con la empresa privada se complican cuando se trata del trabajo que realizan los presos. Esta actividad, en teoría dispuesta para ayudarles en su reincorporación social una vez cumplida la pena, se convierte en una magnífica provisión de mano de obra barata: diferentes empresas se benefician del empleo de presos que cobran 50 céntimos por hora; esto hace que el sueldo mensual ronde entre los 80 y los 300 euros.


Cuando un preso que se ha acogido a esos talleres laborales sale de la cárcel, se encuentra con que su subsidio de excarcelación ha sido sustituido por la prestación por desempleo. Esto significa que deja de cobrar 426 euros al mes y pasa a recibir una ayuda de 100 euros mensuales.


Es por ello que muchos de los reclusos renuncian a participar de las actividades que habrían de facilitarles la reinserción social. Si a ello se suma la incapacidad para fomentar un cambio de actitud dentro de las cárceles, por saturación, falta de personal y porque el preso que sale vuelve al mismo ambiente que le “condena” a delinquir nuevamente, las buenas intenciones del sistema penitenciario se queda en simple agua de borrajas.


España es el país de Europa occidental con mayor porcentaje de población entre rejas: 159 presos por cada 100.000 habitantes. En los últimos veinte años, el número de presos ha ido en aumento. De los 33.058 reclusos de 1990, hoy hay más de 76.000. 


Indultos a la carta


Las condenas se han alargado y los beneficios penitenciarios se han reducido. Cinco mil jueces han de decidir sobre más de ocho millones de casos al año. Se podría pensar que, para paliar la automatización a que semejante saturación obliga, sin poder atender con la calma necesaria a las circunstancias paliativas – lo cual se agrava por el recurso a abogados de oficio que apenas tienen tiempo para familiarizarse con el caso—, el indulto es una vía que restaura el equilibrio, pero la buena voluntad con se ejecuta esta gracia es dudosa.


El indulto no supone el perdón del delito, lo cual sería una amnistía, sino la suspensión de la pena. A efectos prácticos, esto significa que el condenado sigue siendo culpable y sus antecedentes penales permanecerán en su historial. Cuando se concede un indulto, se ha de conceder a la parte ofendida por el preso el derecho a ser oída, y en ningún caso la gracia puede suponer un perjuicio a terceras partes. 


Respetando tales condiciones, la decisión final no depende de tribunal alguno, sino que es una cuestión política: el Ministerio de Justicia recomienda, el Consejo de Ministros decide y el Rey otorga.


Debido a que el sistema español pretende la reinserción del preso, el indulto es una opción razonable. Sin embargo, existe en la opinión pública cierto escrúpulo cuando el indulto se concede a personajes conocidos.


Es el caso, por ejemplo, de políticos y empresarios condenados por corrupción urbanística, prevaricación, malversación y cohecho, así como de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado condenados por abuso de autoridad. La repercusión de tales casos y los cargos de los implicados dan para que todo ello pueda ser interpretado como debido a intercambios de favores y tráfico de influencias.


Sea o no cierto, el caso es que tales son los indultos que llegan a las cabeceras de los medios de comunicación; sin embargo, la gran mayoría de indultos se conceden a personas que han sido condenadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas que, como se ha dicho, es el delito más frecuente en España; le siguen presos por robo y diversos delitos menores. 


Así, en las poco más de tres décadas de democracia en España, se han concedido 17.900 indultosDurante los gobiernos de Felipe González (1982-1996), se otorgaron un total de 5.943 indultos; las dos legislaturas de José María Aznar (1996-2004) vieron el indulto de 5.897 presos, de los que 1.333 fueron firmados en un solo día para conmemorar el cambio de milenio; con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), hubo 3.222; el gobierno de Mariano ha indultado a 806 personas desde 2011. 


Ninguna de las legislaturas se ha librado de la polémica; por citar algunos de los ejemplos más sonados, durante la época de González, se indultó al General Alfonso Armada, condenado por participar en el intento de golpe de Estado de 1981, o a Juan Hormaechea, presidente de Cantabria y miembro de Alianza Popular, condenado por malversación de caudales públicos; durante los gobiernos de Aznar, se concedió el indulto parcial a dos de los altos cargos de la etapa de González, José Barrionuevo y Rafael Vera, relacionados con el secuestro de Segundo Marey por los GAL y condenados por detención ilegal y malversación de fondos públicos; con Zapatero, se volvió a indultar a Hormaechea, tras haberse repetido el juicio y haberse ratificado la condena por parte del Tribunal Supremo; con Rajoy, han sido polémicos, entre otros, los indultos a cuatro mossos d´Esquadra acusados de torturas y a dos de los militares condenados por el accidente del Yak 42.


Diferencias en la tipificación de los delitos


Más allá de los escándalos que puedan provocar las medidas de gracia a determinados personajes de la vida pública española, existe también la cuestión sobre la tipificación de los delitos. ¿Hay penas ridículas en comparación con otras? La respuesta varía según a quién se le pregunte: para unos, como Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y miembro de la ONG Transparencia Internacional, no hay grandes deficiencias; para otros, como el abogado José Luis Manzón, el Código Penal en España está “subdesarrollado” y la corrupción no está castigada con la dureza con que se debería, mientras que otros delitos comunes, vinculados con los individuos más indefensos de la sociedad, se castigan con mayor rigor y severidad.


"Los delitos de los más indefensos están mucho más penados. Por ejemplo, traficar con una papelina de cocaína te puede costar cuatro años [de prisión]. Sin embargo, los corruptos generalmente no entran en la cárcel y el paso por el banquillo suele ser su única pena"- según opina Mazón.



  • Secuestrar a una persona durante varios días, la pena es de 6 años.

  • Apuñalar a alguien con ensañamiento, la pena máxima es de 5 años.

  • Induccir a la prostitución de menores se castiga con 5 años.



Agravios comparativos si eres político o funcionario a cargo del estado:



  • Si un policía tortura gravemente a un detenido, la pena máxima es de 6 años.

  • Si un juez dicta una sentencia penal condenatoria injusta solo deberá ir a la cárcel 4 años.

  • Si se realiza tráfico de influencias se castiga con 2 años de cárcel

  • Si los administradores falsean las cuentas de una sociedad irán a la cárcel, como mucho, durante 3 años.



Lo cierto es que los delitos asociados a políticos, empresarios y miembros de las clases privilegiadas suelen ser operaciones muy enrevesadas y envueltas en complejidades legales que complican las investigaciones y, por tanto, dificultan los fallos judiciales en su contra. 


Si a ello se añade que no es lo mismo una defensa construida por un equipo jurídico con entera dedicación, que una defensa realizada por un abogado de oficio que apenas ha tenido tiempo de familiarizarse con el acusado, el desequilibrio de la balanza se hace evidente.


¿Está mal la ley? ¿O es un problema que la supera y se trata de un aspecto más de las desigualdades inherentes a la sociedad, y que se manifiestan en cualquiera de sus ámbitos?  Un error muy común es confundir la justicia con la ley. En buena parte de las ocasiones, obedecer la ley nos convierte en agentes de la injusticia, que dijo Thoreau. En otra buena parte, la ley es correcta, pero el acceso a la misma cuesta dinero.


Como la vida misma. Al menos, como esta vida que nos ha tocado vivir.


Justicia y Ley: Caminos paralelos que nunca coinciden


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Foto original realizada por Carlos


https://www.flickr.com/photos/clneira/2166742459

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